En este caso, en el sector rural. Según la cámara del sector, la situación lleva tanto tiempo que está afectando la producción, y siendo un país agropecuario, la situación inmobiliaria incide sobre la situación rural, imponiendo costos de producción que no alcanzan a la inflación cuando no se pueden equiparar al dólar.

Estamos tan codependientes de la moneda extranjera que una política que lo impide afecta al insumo en su propia médula.

El sector agrícola-ganadero no alcanza a capitalizarse si no tiene acceso a los mercados internacionales, compitiendo con la misma moneda en que se mueve ese mercado.

En el medio, con una situación desfavorecedora para el movimiento inmobiliario local, está en danza la Ley de Tierras, que impide a extranjeros comprar tierras, con el fin, se supone, que debido a la desventaja en las posibilidades de compra de inmuebles por los propios argentinos, las tierras no terminen en los que tienen los dólares, que son los extranjeros.

Mientras, lo ideal sería, quizás el término intermedio: inversión de capitales extranjeros en producción, en vez de tierras, pero para ello no están dadas las condiciones políticas de confianza jurídica, las políticas del gobierno no hacen más que generar un estado de inseguridad jurídica que desalienta los capitales extranjeros.

La situación no es únicamente de Argentina, el mercado mundial está en crisis, y las políticas gubernamentales se excusan detrás de ese discurso para indicar que no es que sea un problema de sus decisiones, sino que declaran como proteccionistas a las medidas que a su vez mantienen trancado el sector.

La situación de protección, la desdolarización de la economía, parecen jugar en contra de la generación de estabilidad y seguridad jurídica, lo que a su vez, espanta a los inversionistas, que son a su vez los únicos que cuentan con los medios para mover el mercado.

Como se ve, la situación está paralizada y no se ve en lo general ninguna señal desde el gobierno que estén trabajando sobre la situación para destrabarla.

Si algo se caracteriza el momento actual  es la indefensión jurídica para sectores que son indicadores importantes de economía saneada como es la construcción.

Las inmobiliarias constructoras son las únicas que se ven favorecidas, de cierta manera, invierten en nuevos emprendimientos, tienen el bien, no lo colocan en el mercado, simplemente lo reservan.

La situación es una pulseada entre las decisiones del gobierno y el sector inmobiliario, ambos esperan que el otro sea el que mueva las fichas, en el medio, el que se perjudica es el cliente que no puede ni vender, ni comprar.

Parece que no hay soluciones ni de un lado ni del otro, esta es una situación de aguantar, solamente. Como esto arrastra a los otros sectores económicos, se dirimirá en las próximas elecciones cual de las posiciones cederá, o será la presión social la que haga explotar por otro lado este globo que se infla y no cede.